¿Sabías que en países como Colombia y Chile las personas que tienen problemas económicos tienen a su alcance un procedimiento especial para renegociar sus deudas e incluso liberarse de una parte de ellas?

Esto también sucede en la mayoría de los países europeos, en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Australia, en Rusia y en muchos países de Asia. Esos países se han dado cuenta de que la mayoría de las veces los problemas económicos se presentan por causas ajenas a la voluntad de las personas, puede ser por motivos de desempleo, por problemas de salud, divorcios o problemas familiares, entre otros. También han observado que se obtienen mejores resultados si oportunamente se proporcionan a las personas herramientas para superar sus problemas de sobre endeudamiento en lugar de dejarlos a la deriva.

En el momento en que una persona no puede cumplir con todas sus obligaciones se empiezan a generar intereses y recargos sobre sus adeudos, lo que ocasiona que las deudas crezcan mes con mes. Si la persona no puede ponerse al corriente en el corto plazo, las deudas pueden crecer hasta hacerse insostenibles. Puede llegar un momento en que sea prácticamente imposible pagarlas, lo que puede orillar a las personas a cambiarse de domicilio y de número de teléfono, a ocultarse y a cambiar su vida y la de su familia. Todo eso ocasiona estrés y puede ocasionar enfermedades que terminan recayendo en los sistemas públicos de salud. Si la persona deja de trabajar o se integra al sector de la economía informal deja de pagar impuestos. Por lo que es un doble costo que se carga al Estado y a la sociedad.

Resulta más benéfico, tanto para el Estado como para la sociedad en general, que la persona tenga a su alcance procedimientos accesibles para renegociar sus adeudos. Estos procedimientos se conocen como procedimientos concursales o de insolvencia. Es importante que un tercero -que puede ser un juez o un conciliador- esté a cargo del procedimiento para que escuche tanto al deudor como a sus acreedores, conozca la situación en la que se encuentran y los ayude a llegar a un acuerdo que pueda ser beneficioso para todas las partes. Ese acuerdo debe atender a la situación del deudor y a su real capacidad de pago, y requiere del compromiso y esfuerzo por parte del deudor para aportar una porción de sus ingresos futuros a cambio de que se le libere de los montos que no se integren al convenio. Varios países han entendido que de esa forma el deudor sigue siendo productivo, no tiene que refugiarse en la economía informal, sigue pagando impuestos, se diluyen su nivel de estrés y los problemas de salud, y además los acreedores también recuperan una parte de sus créditos.

¿Por qué no acoger un sistema con esas características en México?