Brasil, Colombia, los Estados Unidos de América, la Gran Bretaña, Holanda, India, China, Japón, Singapur, Australia…son muchos los países del orbe que han realizado ajustes a sus procesos de insolvencia por los daños económicos que ha estado ocasionando el COVID-19. México brilla por su ausencia. En este caso la reticencia a hacer una reforma en México no podemos atribuírsela sólo al gobierno. Los rumores dicen que los bancos han sido los principales opositores en México a una iniciativa para reformar la Ley de Concursos Mercantiles que se presentó en el Senado -la cual fue trabajada por varios expertos en el tema atendiendo a los acontecimientos actuales y a los ajustes que son necesarios para evitar una quiebra generalizada de las empresas-. Nadie descubrió el hilo negro. La propuesta de reforma a la Ley de Concursos Mercantiles presentada en el Senado toma sólo pocos de los ajustes que se han hecho a nivel mundial, que han sido aprobados por diferentes tipos de gobiernos y aceptados por los bancos y entidades financieras. Entre otras cosas, los ajustes han consistido en permitir una suspensión temporal de los procedimientos de ejecución en contra de las empresas, han facilitado y dado incentivos para la mediación y los acuerdos extrajudiciales, han flexibilizado las reglas para dar prioridad a los financiamientos que se obtienen por una empresa que está en concurso, han flexibilizado las reglas para la venta de los bienes de la empresa. El objetivo no es -ni ha sido- que las empresas dejen de pagar o que se les perdonen sus deudas. El objetivo es darles un respiro que les permita reestructurar sus adeudos de una forma que haga factible su cumplimiento, y evitar que por una situación extraordinaria se pierda una empresa viable que da empleos y que ofrece servicios o productos de valor para el consumidor. Si los Acuerdos de Basilea III -que tienen por objeto proponer una regulación bancaria que proteja al consumidor- son aplicables a todo el mundo ¿porqué sólo en México hay tanta reticencia para aprobar una reforma que a corto plazo puede ser que beneficie más a las empresas, pero que a largo plazo puede ser beneficiosa para todas las partes, incluyendo a los bancos, a las entidades financieras y al consumidor? puesto que podrá evitar los costos y problemas que presentan los incumplimientos y permitirá que se sienten las bases para la conservación de las empresas viables. ¿Será que los bancos en nuestro país no están acostumbrados a renegociar sus créditos y a hacer concesiones salvo con los peces gordos y en situaciones altamente excepcionales?
